Sobre la propuesta de que progresivamente se vayan recuperando las prestaciones sociales perdidas o suspendidas, ACIME expuso cómo en los últimos años y como consecuencia de la crisis económica y las limitaciones presupuestarias se había venido producido un deterioro significativo en las prestaciones que afectan de manera notoria a los militares y con más virulencia a aquellos que están retirados y en situación de dependencia o discapacidad.

 

Ello unido al cobro del 30% de los medicamentos, y a que los integrados en el SAAD, de atención a las personas en situación de dependencia, deben hacer frente al famoso copago “confiscatorio”, expulsa a las personas mayores y a las personas con discapacidad destinatarias naturales del sistema, por lo gravoso de los requerimientos en materia de aportación económica, ahondando su situación de desventaja objetiva, abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social.

 

Se Informa del porqué de la necesidad una mayor financiación del sistema y con qué fin y delimitar la propuesta que ACIME traía que era la de impulsar, de manera urgente, la mejora de la financiación del ISFAS para recuperar toda la oferta sanitaria y asistencial que se ha perdido en estos años, además de apoyar y favorecer desde el Ministerio de Defensa una modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia que con un copago “confiscatorio” ha puesto en situaciones de riesgo de exclusión a muchos militares integrados en este sistema y que lo favorecerá respecto a otros muchos pendientes de ser integrados en el mismo.

 

En relación a la propuesta de la Hermandad de Veteranos de que el colectivo del ISFAS no abone el 30% del coste de los medicamentos  al igual que en la Seguridad Social no se paga nada por los mismos, ACIME manifestó no estar de acuerdo con el planteamiento de la propuesta e informó al Consejo sobre la aplicación del actual copago farmacéutico en España que entró en vigor en julio de 2012 (RD 16/2012, de 20 de abril), de las variaciones en las formas de pago que existen en algunas comunidades autónomas, de la  actualizado en 2015 de los topes máximos que deben pagar los pensionistas y sus beneficiarios por los medicamentos debido a la evolución de IPC y de otras circunstancias como los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, etc.

 

Además de informar sobre las críticas más comunes al sistema, explicó los tramos de renta sobre los que se aplica el copago para los pensionistas y resto de usuarios, terminó exponiendo la posición de ACIME que va en la línea de estudiar en profundidad el actual copago y acometer una propuesta seria de modificación del sistema en orden a no perjudicar en demasía a los que están en activo pero a la vez no penalizar a aquellos en retiro cuyas pensiones les son vitales y muchos de ellos se encuentran en situaciones de dependencia o con una discapacidad obligándoles a soportar más gastos económicos.

 

La propuesta inicial para la posible armonización vendría de pasar del 30% al 10% para los pensionistas y a los activos del actual 30% a un 40%, acercándose de esa forma a la generalidad de la aportación del usuario y beneficiarios en el régimen de la SS. Al estar afectados, además del ISFAS, otros regímenes especiales, la modificación necesaria debería ser transversal a otras mutualidades se acordó comenzar un estudio en profundidad para delimitar el alcance de la misma.

 

La propuesta de incluir en los Pliegos de las Cláusulas Administrativas Particulares de los concursos para la enajenación de viviendas militares desocupadas al personal militar que causa baja por discapacidad, fue agrupada a otra de otra asociación que lo pedía para todo el personal militar retirado.

 

ACIME pedía que  aquellos que causan baja por discapacidad sean incluidos como concursante de pleno derecho y que al igual como se hace con los hijos de la unidad familiar, y de acuerdo con la Ley General de Discapacidad, se bareme con puntos para la adjudicación la situación de discapacidad del titular. 

Se acordó que tuviera en cuanta a efectos de la consiguiente modificación del marco normativo.

 

Otra propuesta fue la necesidad de adecuación al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de toda  la normativa del ámbito del Ministerio de Defensa en el sentido de considerar acreditado el grado de discapacidad del 33% a todos los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

 

Además de lo anterior y en cuanto a las ayudas comunes de acción social para el año 2015, publicadas la semana anterior, y en particular las ayudas para personas con discapacidad, consideramos que deberían actualizarse, pues para el cálculo de la Renta Económica de Selección (RES), se tiene en cuenta los datos aportados durante el ejercicio fiscal de 2013, en tanto que las situaciones personales son a fin de 2014 y con unas deducciones por discapacidad muy inferiores a las aprobadas para 2015. Es decir, la situación real en 2015 puede ser muy diferente a la que se está determinando como requisitos en la convocatoria. Expusimos que considerábamos que se debería implementar un sistema ágil de actualización de esos datos con la AEAT y otros órganos y modificar las bases a fin de que la misma fuera equitativa y justa.

Por parte de Defensa se manifestó que no se podía porque los datos debían ser consolidados y por tanto del 2013. Manifesté mi disposición a estudiar y plantear algún otro sistema ágil que viniera siendo utilizado por otras administraciones.

 

Otra propuesta que se formuló fue el incluir a ACIME, en todos y cada uno de los canales informativos de Defensa, internos y externos, como apoyo a la acción social que realizan, además de facilitarle acceso al nivel adecuado en la Intranet para la difusión de actividades generales de información, apoyo y asesoramiento derivadas de nuestro Centro de Recursos Integrales para la Discapacidad Militar. 

 

Por motivos de contenidos y de seguridad no se aprobó el acceso a la Intranet pero si a facilitar los enlaces de las web del Ministerio

 

ACIME presentó otra propuesta sobre estadísticas militares, en el sentido de que por ser relevantes para el fenómeno de la discapacidad, habría que incluir en las operaciones estadísticas y su análisis, tablas especificas en ese sentido incluyendo la variable discapacidad y desglosar por tipo de discapacidad tanto en la información referida a los militares que adquieren una discapacidad parcial que les limita para ocupar determinados destinos como a aquellos que causan baja en las FAS por una discapacidad permanente o parcial. Todo ello incorporando distintos criterios de obtención de datos de otros organismos del Ministerio de Defensa como pueden ser los órganos médico periciales de la Sanidad Militar, las juntas de evaluación, la Dirección General de Personal, etc. 

 

Igualmente, y aprovechando las fuentes de financiación externa, pública y privada, en colaboración con las entidades del sector de la discapacidad, se apoyen la promoción de iniciativas y se impulsen programas de estudio de necesidades de estas personas tendentes a prestar más eficazmente su atención social, psicológica o de cualquier otro aspecto y a proporcionarles una adecuada reinserción socio laboral. Se aprobó trabajar sobre el tema teniendo en cuenta la LOPDP y las vías para llevarlo a cabo.

 

ACIME planteo una propuesta en cuanto a la accesibilidad en los museos militares y aprovechar la colaboración y sinergias con los colectivos de personas con discapacidad para que a través de programas específicos, con financiación externa y apoyo de otros Ministerios, difundir y acercar la Cultura de Defensa a este sector de la sociedad.

 

En ese sentido se informó del Plan 'Museos más sociales' que pretende reforzar “la función social de las instituciones culturales” y que está promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la participación en la elaboración del Plan de los distintos colectivos de personas con discapacidad y la Plataforma del Tercer Sector, y ello en base a lo recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se informó al Consejo sobre la iniciativa del CERMI de instar al Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a aprobar antes del 3 de diciembre de 2015 el reglamento de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público. Se aprobó tenerlo en cuenta y trabajar en la propuesta.

 

La última propuesta de ACIME fue en relación a la terminología referente a la discapacidad en el ámbito de las FAS. Se expuso toda la normativa en la que se basaba la propuesta sin entrar en más profundidad con los Planes nacionales de discapacidad, las estrategias 2010-2020 o los planes europeos en esta materia. Nos felicitábamos porque en algunos órganos del Ministerio la citada terminología se había comenzado a de adaptar como es el caso del ISFAS, aunque a nuestra opinión se produce con más lentitud de la deseable y ello a pesar de los avances que se están haciendo estos últimos años debidos a la disposición y sensibilización de este Departamento en la materia. Se aprobó continuar trabajando para que cualquier nueva normativa se recoja y para otras aprovechar cualquier modificación para actualizarla.